Trasgénicos, sí o sí. No nos dejan opción, parece. La Comisión Europea así lo impuso la semana pasada cuando decidió aprobar, pese al rechazo de la mayor parte de países miembros, el cultivo de un nuevo maíz transgénico en Europa: el TC1507 del grupo Pioneer-DuPont. Los votos en contra de 19 países, de un total de 28, en el Consejo de Ministros de la Unión e incluso el rechazo mayoritario del Parlamento Europeo de poco sirvieron. La Comisión argumentó que la mayoría contraria alcanzada en el Consejo, al no ser cualificada, era insuficiente para dar carpetazo a la propuesta. Así funciona la Comisión, que usa dicho mecanismo para imponer medidas impopulares. ¿Quién manda en Europa? ¿Los ciudadanos o los lobbies?
La Unión Europea, de hecho, permite ya el cultivo de transgénicos. En concreto, el del maíz MON810 de Monsanto. Un maíz modificado genéticamente, al que se le introduce el gen de una bacteria que le lleva a producir una toxina, conocida como Bt, que lo hace resistente al taladro, permitiendo combatir esta plaga. Sin embargo, muchos de los países miembros, como Francia, Alemania, Austria, Grecia, Irlanda, Polonia, Italia, Hungría…, lo prohíben. Informes científicos advierten de su impacto en el medio ambiente y señalan claras incertidumbres en la salud, entre otras cuestiones. Prima, en dichos países, el principio de precaución: si las consecuencias de un acto pueden ser negativas e irreversibles, no se lleva a cabo hasta que se adquieran los conocimientos científicos necesarios para evitarlas.
Amistades peligrosas
Sin embargo, como dirían en tiempos del generalísimo Francisco Franco, “Spain is different”. El Estado español es el único país de la Unión Europea que cultiva maíz transgénico a gran escala, sobre todo en Aragón y Catalunya. Se calcula que aquí se siembra el 80% de la producción de toda Europa, según datos de 2009 del Servicio Internacional de Agrobiotecnología (ISAAA). Y eso, sin tener en cuenta los campos experimentales. ¿Por qué? Su cultivo empezó en 1998, bajo el gobierno de José María Aznar y el Partido Popular (PP), y con la producción de la variedad de maíz transgénico Bt176 de Syngenta, que en 2005 fue prohibida por sus efectos negativos en el ecosistema. Desde entonces, la producción por excelencia es la de maíz transgénico MON810. Los vínculos estrechos entre industria biotecnológica, principal promotora de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), y las instituciones públicas explican el porqué. Amistades peligrosas para el bien común.
La dinámica de puertas giratorias, paso de la empresa privada al gobierno y viceversa, ha estado al orden del día tanto en las administraciones del PP como del PSOE. La actual Secretaria de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación, en el Ministerio de Economía, Carmen Vela fue presidenta de la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT), con una apuesta clara por los cultivos transgénicos. En el anterior gobierno del PSOE, Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, antes de ocupar este cargo fue la presidenta de ASEBIO, el principal lobby protransgénico en el Estado, con empresas como Monsanto, Bayer, Pioneer-DuPont entre sus miembros. Queda claro a quienes benefician las medidas que se toman en dichos departamentos. Y estos no son los únicos ejemplos. Hay muchos más, como deja claro el informe Las malas compañías. ¿Quién decide la política del Gobierno sobre transgénicos? de Amigos de la Tierra.
El Estado español, se ha convertido en la puerta de entrada de los transgénicos en Europa. Incluso los cables filtrados por Wikileaks dejaron constancia de ello al destapar como el Secretario de Estado de Medio Rural Josep Puxeu, en 2009, llegó a pedir al embajador de Estados Unidos que “mantuvieran la presión” sobre la Unión Europea en favor de los OGM. La alianza entre ambas administraciones es clave en la defensa de los intereses de compañías como Monsanto.
El gobierno, asimismo, no escatima recursos en subvencionar la investigación sobre cultivos y alimentos transgénicos, a la que destina 60 veces más dinero que al estudio sobre agricultura ecológica, a pesar de que esta última genera 25 veces más empleo que la primera, según datos de Amigos de la Tierra. Y cuando se trata de dar cifras sobre el número de hectáreas cultivadas no duda, año tras año, en anunciar “nuevos récords”. Aunque estas cifras chocan con las proporcionadas por organizaciones agrarias y ecologistas, y obtenidas de las Comunidades Autónomas, que las sitúan en niveles incluso inferiores a las del 2008, con un total de 70 mil hectáreas cultivadas frente a las 137 mil que indica el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las organizaciones acusan al gobierno de dar datos falsos. El discurso anti-transgénicos parecería estar calando, y por eso se producirían menos transgénicos, muy a pesar de algunos.
Contaminación, abejas y más herbicidas
El impacto de los transgénicos lo podemos situar en tres niveles: sobre el medio ambiente, la salud y a nivel político.
La coexistencia entre cultivos transgénicos y convencionales y ecológicos se ha demostrado imposible. A pesar de que la administración fija una distancia mínima entre ambos, ésta o resulta insuficiente o a veces incluso ni se cumple. La contaminación se puede producir en diferentes etapas de la cadena: desde la semilla, a través de la polinización, vía el transporte, en el almacenaje o durante el procesado. Varios casos han sido ya denunciados. Esta situación ha conducido al abandono del cultivo de maíz, en especial el ecológico, y diversas variedades han sido contaminadas sin remedio. Entre los años 2004 y 2005, la producción de maíz ecológico en el Estado español disminuyó un 42% y en Aragón, donde más se conrean transgénicos, un 69%.
El impacto especialmente en abejas, pero, también, en otros insectos claves para la polinización como abejorros, mariposas, avispas… es una realidad. En concreto, el maíz transgénico Bt desprende una toxina que no solo acaba con la plaga del taladro sino que en ocasiones puede afectar asimismo a estos otros insectos. Desde finales de los años 90, y como indica Greenpeace, se ha observado un declive muy importante de la población de abejas a causa tanto de los cultivos transgénicos como del uso de plaguicidas químicos que las matan. ¿Si las abejas desaparecen quien polinizará los cultivos?
Los defensores de los transgénicos afirman que estos reducen el uso de pesticidas químicos. Nada más lejos de la realidad. El maíz Bt, por ejemplo, al desprender por si mismo una toxina que acaba con determinadas larvas se convierte en, lo que algunos autores llaman, un “maíz insecticida”. Evidentemente, no se debe de aplicar un pesticida a dicho cultivo porqué la misma planta ya lo desprende las 24 horas del día. A parte hay que contar, como señala GRAIN, las resistencias que los insectos pueden generar con tantas toxinas en estos monocultivos y la aparición, en consecuencia, de plagas secundarias que necesitan ser tratadas con más productos químicos.
Lo mismo sucede con los transgénicos tolerantes a herbicidas, que incorporan un gen que permite fumigarlos con un solo herbicida, de tal modo que la planta, al ser resistente al mismo, no se ve afectada a diferencia de todo aquello que la rodea. El herbicida más utilizado es el Roundup de la multinacional Monsanto, y su compuesto principal el glifosato. La extensión a gran escala de estos cultivos, en particular la producción de soja transgénica a nivel mundial, ha implicado un mayor uso de estos herbicidas. En Argentina, por ejemplo, treinta años atrás el cultivo de soja era casi inexistente, actualmente, en cambio, más de las mitad de sus tierras agrícolas son monocultivos sojeros. Si en 1995, se utilizaban ocho millones de litros de glifosato para dichos campos, hoy suman más de 200 millones, según GRAIN. Saquen cuentas. A parte, la extensión masiva de este cultivo ha generado la aparición de casi dos docenas de plantas resistentes a estos herbicidas. Lo que ha obligado a usar más agrotóxicos para combatirlas. El caso de Estados Unidos, como indica GRAIN, lo deja claro: los agricultores que, en 2011, cultivaron sus campos con semillas transgénicas necesitaron un 24% más de herbicidas, para combatir las “malas hierbas” resistentes al mismo, que quienes sembraron cultivos convencionales.
Salud en juego
Otro de los temas más controvertidos es el impacto de los transgénicos en la salud de las personas. Muchos dicen que son inocuos, que han sido suficientemente testados y que no implican ningún riesgo para nuestra salud. Desde administraciones públicas pasando por departamentos universitarios hasta comités científicos defienden dicha posición. Sin embargo, a menudo se obvian los intereses ocultos tras dichas afirmaciones. Los tentáculos de la industria biotecnológica son muy alargados. Incluso empresas como Bayer y Syngenta, al frente de la industria transgénica, cuentan ya con cátedras propias: la Cátedra Bayer CropScience en la Universidad Politécnica de Valencia y la Cátedra UAM-Syngenta de Fertilizantes de Micronutrientes en la Universidad Autónoma de Madrid. Queda claro a qué intereses responde su trabajo, divulgación e investigaciones universitarias.
Informes científicos independientes señalan el impacto negativo que pueden tener los transgénicos en nuestra salud: nuevas alergias, resistencia a antibióticos, disminución de la fertilidad, daños en órganos internos, etc., según recoge Greenpeace. “Los riesgos sanitarios a largo plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente”, sentencia dicha organización. Tan pronto como estos informes críticos ven la luz, múltiples son los intentos para desacreditarlos y difamar a sus autores. Hay muchos intereses en juego por parte de empresas como Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta. Abundante dinero a ganar o a perder en función del dictamen de la opinión pública. Para estas empresas se trata de una “guerra” donde todo vale. Las campañas de desprestigio a quiénes ponen sus verdades absolutas en cuestión es buena prueba de ello.
El caso del Dr. Gilles-Éric Séralini, que ha liderado uno de los estudios críticos con mayor repercusión mediática a nivel internacional, ha sido tal vez el mejor ejemplo. Su equipo de investigación, en la Universidad de Caen, Francia, hizo público, en septiembre de 2012, las conclusiones de una investigación científica que ponía en evidencia los efectos nocivos a largo plazo del maíz transgénico NK603 y del pesticida Roundup en experimentos con ratas, las cuales a lo largo del ensayo desarrollaron enormes tumores y enfermedades renales y hepáticas. La ofensiva contra este estudio no se hizo esperar e incluso la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria se posicionó en su contra, Agencia, por cierto, con vínculos estrechos con la industria biotecnológica y cuya independencia deja mucho que desear. También, en noviembre de 2013, la revista científica Food and Chemical Toxicology, que había divulgado dicho informe, se retractó de su publicación. ¿Casualidad? La organización GMWatch señalaba, con datos esclarecedores, la ofensiva de la industria biotecnológica para controlar estas publicaciones.
Más allá de estos informes científicos, hay, tristemente, múltiples evidencias, documentadas en primera persona y en todo el mundo, del negativo impacto en la salud humana del cultivo de transgénicos y el uso sistemático de herbicidas con glifosato. La experiencia de Sofía Gatica, fundadora de Madres de Ituzaingó y merecedora de un Premio Nobel Alternativo, es un buen ejemplo. Sofía Gatica perdió una hija no más nacer a causa de una repentina parada de riñón. Un hecho que la llevó a investigar las causas y descubrió cómo las fumigaciones con glifosato sobre los campos sojeros alrededor de su barrio, Ituzaingó, en la ciudad de Córdoba, Argentina, eran las responsables. Su trabajo, puerta a puerta, la llevó, junto a otras mujeres afectadas, a destapar decenas de casos de enfermos de cáncer, malformaciones en niños, problemas respiratorios y de riñón, leucemia… Un estudio epidemiológico realizado en la zona confirmó sus temores: el agua que tomaban estaba contaminada con pesticidas y numerosos niños tenían tóxicos en su sangre. Muchas Sofías Gatica son las que sufren las consecuencias de las prácticas de multinacionales como Monsanto. Aunque el dolor afecte a menudo a los más débiles es imposible acallarlo.
Concentración empresarial
Más allá del impacto en el medio ambiente y en la salud, otro de los efectos negativos de los transgénicos se da a nivel político, en lo que concierne al control de las semillas, la esencia de la vida, y otros insumos agrícolas (la genética del ganado, los plaguicidas y fertilizantes químicos, etc.). Hoy, unas pocas multinacionales como Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto y DuPont controlan el 60% de las semillas que se comercializan y el 76% de los agroquímicos que se aplican a los cultivos, como indica el informe Los gigantes genéticos hacen su cártel de la caridad del Grupo ETC. Vemos cómo los mismos que hacen negocio patentado las simientes son los que también se lucran comercializando los pesticidas químicos que se emplean en la agricultura “moderna”.
La concentración empresarial aumenta, y tiene consecuencias. Por poner un caso, el precio de las semillas en Estados Unidos, entre 1994 y 2000, aumentó más que cualquier otro insumo agrícola, doblando su costo en relación al precio que los agricultores obtenían por las cosechas, según el Grupo ETC. Monsanto, por ejemplo, es la empresa más grande de semillas del mundo y es a la vez la cuarta mayor productora de pesticidas.
Algunos dirán que las reflexiones aquí vertidas son tendenciosas, pero sería bueno recordar que el posicionamiento dominante, político, mediático y científico, en relación a los transgénicos es un discurso único servido en bandeja por la industria biotecnológica y transgénica. Unas compañías que destinan millones de euros a ensalzar las virtudes de los OMG, que compran estudios, cátedras y departamentos universitarios supuestamente objetivos y que establecen relaciones estrechas con los políticos de turno. Para que no haya dudas: no se trata de oponerse a los avances científicos. Ni mucho menos. Lo que necesitamos es fomentar una ciencia independiente de los intereses de las grandes empresas y al servicio del bien común.
La información es poder. Aquí la tienen, lean y juzguen.
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